El pasado jueves 20/5/2021 el Gobierno ha dado luz verde a la ley de Cambio Climático y Transición Energética, a falta de que el Senado le de el visto bueno, por lo que si no hay objeciones, la Ley quedará aprobada este mayo.
El principal objetivo de esta norma es que España alcance en 2050 la neutralidad de sus emisiones, esto quiere decir que su emisión de gases de efecto invernadero (GEI) sea CERO.
Entre las nuevas medidas de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en edificios, comercios y empresas. También se modifica el régimen de inspecciones que a partir de ahora se realizaran.
Propuestas principales de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE)
Tabla de contenidos
La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados propone una serie de cambios importantes sobre la nueva forma y uso de energías limpias y renovables, como norma, por encima de otras fuentes de energía.
La Ley se centra en la rehabilitación de los edificios, el uso generalizado de energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero CO2, el impulso a la eficiencia energética o acabar con la venta de coches de combustión en 2040.
Metas para 2030, son varias. La norma fija una serie de metas concretas para los próximos 6 años y un sistema de revisión al alza de esos objetivos para cumplir con el Acuerdo de París. La primera de esas revisiones se deberá realizar en 2023. Estos son los principales objetivos fijados en la ley para 2030:
Energías renovables una prioridad
Esta Ley quiere establecer las energías renovables, como una realidad, estas deben alcanzar el 42% del consumo de energía y el 74% de la electricidad. Con el objetivo de reducir la demanda un 39,5% de fuentes de energía no renovables.
El texto recoge los objetivos mínimos nacionales que se implantarán, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía española para los años 2030 y 2050.
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto a las emisiones de 1990.
- Alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final de, al menos, un 42% (frente al cerca del 20% actual).
- Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable (frente al 40% de este momento).
Eficiencia energética y rehabilitación de edificios
La ley quiere servir para canalizar los fondos europeos del plan de recuperación en materia de edificación, rehabilitación y eficiencia energética.
Estás son algunas de las medidas contempladas:
- En los 6 primeros meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno deberá poner en marcha e un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana.
- Las Administraciones tendrán que aprobar incentivos para la “introducción de las energías renovables” impulsar así el autoconsumo, la calefacción y refrigeración con cero emisiones.
- También se deberán usar de materiales con menor huella de carbono posible
- Deberán realizarse las mejoras en la accesibilidad de los edificios.
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Emisiones en España de gases de efecto invernadero
Cambios en el sector eléctrico
El sector eléctrico representa en la actualidad menos del 14% de las emisiones de efecto invernadero del país. Con el cierre de las minas de carbón y al aumento de la implantación de energías renovables, por ello en España cada vez emitimos menos de estos gases.
Pero para cumplir con el plan previsto se necesita mucho más. La ley contempla duplicar en 2030 la cuota de renovables de generación eléctrica en España hasta llegar a un 74%. Y fija como objetivo para 2050 que la generación eléctrica sea 100% renovable.
Estas son algunas de las medidas más destacadas en este campo:
- El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberán presentar en un plazo máximo de 12 meses tras la aprobación de la ley una propuesta de reforma del sector eléctrico.
- Se impulsarán las centrales hidroeléctricas reversibles (las que funcionan con un sistema de bombeo del agua que permite generar la electricidad en el momento que se necesita). Y también se impulsará la generación de electricidad a través de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos.
- Se reformará en el plazo de un año la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios.
- Además, la ley aboga por hacer que la implantación de las nuevas renovables sea “compatible con la conservación del patrimonio natural”. El Gobierno definirá zonas de áreas sensibles en las que no se podrán llevar a cabo, la instalación de grandes parques eólicos y solares, con el fin de evitar impactos negativos proyectos de este tipo.
Movilidad urbana, transporte y vehículos eléctricos
En 2019, el último año del que hay datos oficiales, casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España procedieron del sector del transporte —y en gran medida del transporte por carretera—. La ley aprobada este jueves intenta acompañar la tendencia de cambio en la movilidad que ya se está dando en la sociedad y el sector industrial hacia el vehículo eléctrico, fundamentalmente. Estas son algunas de las medidas más importantes sobre movilidad:
- El objetivo principal es lograr en 2050 “un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂”(dióxido de carbono). Para ello, a más tardar en 2040 no se podrán vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, no destinados a usos comerciales, que emitan CO₂.
- Todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, entre otros asuntos, incluyan zonas de bajas emisiones similares a las puestas en marcha en Madrid y Barcelona.
- Solo se podrán revertir con un informe favorable del Gobierno autonómico. Además, los municipios de más de 20.000 habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones si su calidad del aire no es buena.
- La norma también establece obligaciones para que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos y para facilitar que se instalen en los edificios y aparcamientos.
- A partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica elaborará un catálogo nacional de acceso público de puntos de recarga disponibles para los conductores.
- Se canalizarán los fondos europeos de recuperación para incentivar la instalación de infraestructura de recarga.
- El Gobierno fijará también objetivos de integración de combustibles alternativos en el transporte, con “especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico”.
- Se abre la puerta a limitar los biocombustibles de primera generación (aquellos elaborados a partir de cultivos alimentarios).
- El Gobierno elaborará una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, que también contemplará objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros.
Cambios en los combustibles fósiles
La norma establece una serie de limitaciones para la explotación de nuevos yacimientos de combustibles fósiles en España, tanto en tierra como en explotaciones marinas. La quema de este tipo de combustibles para generar energía es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas son algunas de las medidas que se contemplan:
- A partir de la entrada en vigor de la norma, quedarán prohibidas las nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos en España.
- Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos que ya estén vigentes, “no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042″.
- El texto prohíbe de forma expresa la técnica de la fractura hidráulica (fracking) y también veta la minería radiactiva, como la del uranio.
- Respecto a los nuevos beneficios fiscales, la ley establece que solo podrán acceder a ellos los “productos energéticos de origen fósil” si se justifica por “motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas”.
- En el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la ley el Gobierno elaborará un estudio y una propuesta de calendario para que “la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil”.
Adaptación a la biodiversidad
El texto incluye varios apartados referidos a la adaptación al cambio climático. Existen impactos del calentamiento global que ya no podemos revertir, por lo que la Ley establece medidas relacionadas con este asunto y con la protección de la biodiversidad:
- El Gobierno deberá aprobar cada 5 años un plan de adaptación nacional al cambio climático, que incluirá, por ejemplo, “la identificación y evaluación de impactos previsibles y riesgos” para “varios escenarios posibles”.
- También, cada cinco años se deberán aprobar “informes sobre riesgo climático”.
- La evaluación de la “vulnerabilidad de los sistemas naturales, de los territorios, de las poblaciones y de los sectores socioeconómicos”.
- La ley fija que la ordenación urbana y la planificación hidrológica deberán tener en cuenta el cambio climático.
- Se incluye un artículo que deberá limitar la duración de las prórrogas otorgadas a las concesiones para determinadas actividades en la zona de dominio público marítimo.
- Además, el Ejecutivo tendrá que presentar una “estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático”.
- En un plazo de 6 meses, el Gobierno se compromete a remitir a las Cortes el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.
Comité de expertos, riesgos financieros y empresas
La ley incluye varios apartados que buscan ampliar el conocimiento sobre los riesgos a los que se expone la economía del país debido al cambio climático, además de un cierto control externo de las medidas contra el calentamiento.
- Las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras deberán elaborar anualmente informes sobre los riesgos para su actividad derivados “de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos”.
- El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones también tendrán que presentar cada dos años un informe conjunto sobre el grado de alineamiento del sector financiero con las metas del Acuerdo de París y de la UE, así como una evaluación del riesgo para el sistema.
- Algo similar tendrán que hacer los operadores estatales del sistema eléctrico y gasista, además de la Compañía Logística de Hidrocarburos.
- Además, las grandes empresas —el Gobierno deberá definir en un plazo de un año qué tipo de compañías en concreto— deberán realizar un cálculo de las emisiones que genera su actividad.
- Se tendrá que “elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero” con objetivos para cada cinco años.
- La aprobación definitiva de la ley supondrá la creación de “un comité de expertos de cambio climático” que deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas para la transición.
- Sus integrantes elaborarán anualmente un informe que será “remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate”.
- Además, el Gobierno creará una “asamblea ciudadana del cambio climático” en la que se buscará impulsar la participación de la sociedad en la lucha contra el calentamiento.
DESCARGAR LEY 7/2021, DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Descárgate ahora la nueva Ley de Cambio Climático y Transción Energética 2021 – completo y actualizado en formato PDF . Esta ley fue aprobada el 21 de mayo de 2021.
